El 15M de Ávila desobedecerá la nueva ley de tasas judiciales por considerarla inconstitucional

Las nuevas tasas judiciales representan una violación flagrante de derechos fundamentales de carácter universal y recogidos en la Constitución Española de 1978.

La asamblea del 15M de Ávila se negará al pago de las tasas recurriéndolas ante la autoridad competente, con el fin de preservar el control jurisdiccional de las actuaciones del Gobierno y la Administración en aras a la defensa de los derechos de los ciudadanos.

El derecho a la tutela efectiva de los tribunales es uno de los pocos asideros que le quedan a la ciudadanía para luchar contra las actuaciones arbitrarias de la Administración o las entidades bancarias. Sin embargo la nueva ley de tasas impide el acceso al amparo del Poder Judicial. Esto se hace clarividente en el ámbito contencioso-administrativo, donde el pago al Gobierno puede ser superior a la cuantía económica del pleito: intolerable, desproporcionado, confiscatorio y atentatorio al derecho a la tutela efectiva.

El Ministro de Justicia se ha convertido en un proxeneta de la Jurisdicción, al provocar el absoluto mercadeo de derechos, prosiguiendo en la bárbara y decimonónica línea seguida por el Gobierno del Partido Popular, al hacer pagar a los ciudadanos por los servicios públicos, mediante tasas y copagos, mientras es incapaz de depurar las responsabilidades pertinentes a políticos y banqueros, como la ciudadanía reclama en Justicia.

La raya ya se está traspasando alarmantemente, la gota ya ha colmado el vaso, porque la Jurisdicción no es un servicio público, es un pilar de la Democracia, uno de los Poderes del Estado. La Justicia no se debe poder comprar, pues representa la defensa de los derechos humanos, y en la jurisdicción contenciosa la defensa del ciudadano frente al político, frente a la Administración, ese gigante que todo lo puede, ahora incluso por encima de los Tribunales.

En el Estado de Derecho la soberanía es del Poder Constituyente, no del consumidor. ¿Qué será lo próximo? ¿Pagar para ir a depositar el voto en las urnas? No atisbamos diferencia alguna respecto al pago de estas tasas judiciales. Es así que como ciudadanos libre, participantes en las asambleas surgidas a partir del 15 de Mayo de 2011, nos negamos en rotundo a que el Partido Popular nos impida el acceso a la Jurisdicción mediante la imposición de una tasa, y por tanto nos negaremos a pagarla en todos aquellos procedimientos en los cuales debamos participar, recurriendo ante las instancias oportunas en defensa de la libertad y la justicia.

Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. (art. 24.1 CE)