EL 15M LANZA UNA CAMPAÑA EN VARIAS CIUDADES CONTRA EL PEAJE ILEGAL DE LA AP-6
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró en Abril de 2010 la nulidad de la concesión de la obra pública porque se adjudicó de forma corrupta por parte del Ministerio de Fomento en 1999.
El 15M de las ciudades de Ávila, Guadarrama, Majadahonda, Salamanca, Segovia y Valladolid se ha movilizado este fin de semana para presionar a los políticos, pidiendo la ejecución de la sentencia y la responsabilidad de los implicados.
Se demanda:
1.- La liberación del peaje a partir de 2018. Esto permitiría la reducción de los costos de transporte de empresas y particulares. El contrato es nulo y por tanto todas las consecuencias del mismo deben desaparecer, entre ellas el cobro del actual peaje hasta 2050.
2.- La asunción de responsabilidad civil y penal. El Tribunal declaró la irregularidad del contrato negociado y firmado por miembros del Ministerio de Fomento y la empresa Iberpistas. Todos los implicados deben ser investigados por corrupción y en todo caso sancionados económicamente, empezando por todos los ministros de Fomento hasta que el Gobierno ejecute la sentencia. Es impensable que la firma de un contrato público irregular no sea castigado con la más severa pena, en especial cuando está en juego la gestión de las arcas públicas y el desarrollo económico de la región.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró en Abril de 2010 la nulidad de la concesión de la obra pública porque se adjudicó de forma corrupta por parte del Ministerio de Fomento en 1999.
El 15M de las ciudades de Ávila, Guadarrama, Majadahonda, Salamanca, Segovia y Valladolid se ha movilizado este fin de semana para presionar a los políticos, pidiendo la ejecución de la sentencia y la responsabilidad de los implicados.
Se demanda:
1.- La liberación del peaje a partir de 2018. Esto permitiría la reducción de los costos de transporte de empresas y particulares. El contrato es nulo y por tanto todas las consecuencias del mismo deben desaparecer, entre ellas el cobro del actual peaje hasta 2050.
2.- La asunción de responsabilidad civil y penal. El Tribunal declaró la irregularidad del contrato negociado y firmado por miembros del Ministerio de Fomento y la empresa Iberpistas. Todos los implicados deben ser investigados por corrupción y en todo caso sancionados económicamente, empezando por todos los ministros de Fomento hasta que el Gobierno ejecute la sentencia. Es impensable que la firma de un contrato público irregular no sea castigado con la más severa pena, en especial cuando está en juego la gestión de las arcas públicas y el desarrollo económico de la región.
